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Economía y Sociedad

EL ESTADO SOY YO: UNA FRASE QUE SOLO TIENE DERECHO A PRONUNCIAR EL PUEBLO


por Fernando Fuenzalida Vollmar

Se habla, otra vez, de  la reforma del Estado. Y es como en lo que a la reforma de la educación le ha venido sucediendo en estos años. Una y otra vez lo único que en la educación terminamos reformando es la administración del ministerio y la escuelas, la manera de evaluar a alumnos y docente y, quién sabe, si es que la reforma tiene algo de audacia, los syllabi de cursos. Una novedad, eso sí, en los tiempos recientes. Privatizamos y, a veces, hasta llegamos a descentralizar. Pero ¿es que privatizar es reformar?.

Y, cuando de la reforma del Estado se trata, la discusión marcha por paralelos caminos. Lo que, naturalmente, no tiene por qué llamar a sorpresa desde que al “utopismo” lo releva la “praxis”. Porque cuando se confunde gobierno con administración de empresa y ejecutivo con gerencia, como viene sucediendo desde que Ross Perrot puso de moda su doctrina del “estado gerencial”, resulta natural, a fin de cuentas, que el Estado se termine confundiendo con la empresa y el pueblo con el malasalariado personal. La imagen del Estado-Empresa podría llegar, incluso, a hacerse tolerable si, con algo más de astucia, la patronal gobernante quisiera trasvestirse en directorio y al pueblo malasalariado en asamblea de accionistas de un negocio a pérdida o ganancia. En eso consistió la utopía de los partidarios del llamado “crédito social” allá por los comienzos del siglo que acaba. Nada nuevo bajo el sol.

Accionista difuso, capital humano, personal asalariado, recurso desechable. El pueblo. Como todos lo sabemos desde el tiempo de Adán, el lenguaje convoca a lo real. ¿Quién es --después de todo-- el propietario en la empresa?. Aunque resulta claro, por supuesto, que las confusiones del “estado gerencial” no disfrutarían hasta hoy de tanta aceptación en tanta gente si no hubieran encontrado un terreno hecho propicio por otras confusiones de mayor antigüedad y persistencia. Como aquellas en las que se borra distinciones entre el estado, la nación, el pueblo y las instituciones de gobierno; entre éstas y su administración y entre aquella y los partidos.

Confusión de confusiones diría el Cohelet. Porque en una sociedad democrática, después de todo, un partido y su programa, por mayoritarios y populares que sean, no representan otra cosa que una coalición segmentaria de intereses más o menos privados. El gobierno no es sino un conjunto de instituciones especializadas que legislan, arbitran y ejecutan en representación de la totalidad. La administración un sistema instrumental que no tiene otra cosa que pueda ser administrada sino el patrimonio de la colectividad a la que sirve y de la que forma parte. “El Estado soy Yo” es una frase que solo tiene derecho a pronunciar la colectividad, el pueblo, en conjunto.

Al fin y al cabo eso que llamamos el Estado es al mismo tiempo la totalidad y el patrimonio. Radcliffe-Brown, procer de la Antropología Social, discípulo del liberal Herbert Spencer y, por eso nada sospechoso de colectivismo, lo definió como persona o status colectivo y como síntesis del patrimonio de los miembros de la colectividad constituída. Estado-status- estatuto, Patrimonio Colectivo, Cosa Pública, Bien Público, República o Commonwealth, que son sinónimos. No otra cosa que la totalización de las personas o status singulares. Y cada uno de éstos definido, en sí mismo, como una síntesis del deber y el derecho ejercido frente a los demás y ante el mundo. Estado o status colectivo, colectividad constituída, colectividad ciudadana de deberes y derechos y patrimonio colectivo como totalización de los patrimonios singulares resultan siendo, pues, la misma cosa.

Aristóteles, el maestro de la proporción y el justo medio, lo entendió del mismo modo. Por definición no es plenamente ciudadano quien carezca de participación en el patrimonio de la colectividad y en su gestión y beneficio. Por definición no participa ni gestiona quien no sea ciudadano en plenitud. La injusticia y la marginación --en las relaciones de los individuos o las colectividades-- pueden ser, después de todo, cuantificados. Representan la desproporción entre las obligaciones y derechos o entre los privilegios y las responsabilidades que se asigne o reconozca a cada uno.

Economía y sociedad. Hablar de la reforma del Estado tendría que ser, en buena cuenta y en buen discernimiento, hablar de una reforma más de la Constitución. De re-constituir los sistemas de derechos y deberes que articulan la vida colectiva y los modos de participación y de gestión en el patrimonio común o cosa pública. Es decir la estructura de las libertades y el tejido de las instituciones. Pero ¿acaso a la Constitución no la hemos reformado casi ayer y por enésima vez en la República?. Y entonces. ¿Qué es lo que queremos o debemos reformar?. ¿No estamos todavía satisfechos?.

La verdad es que no podríamos estarlo. De tanto recurrir a èl, el viejo principio gatopárdico, “cambiar lo necesario para que nada cambie”, ha terminado al fin por mostrarse inútil. La crisis civil que culminó en el referéndum y la Constitución del 1993 no se debió --como ya tantos lo notan-- ni a las razones del patriciado nativo ni a la fuerza de Sendero Luminoso sino a las incongruencias y debilidades de nuestra democracia. Desmoralizadas, derrotadas y a la desbandada en las grandes ciudades como Lima, nuestras minorías dirigentes y políticas estuvieron a punto de reproducir la situación que describió González Prada cuando a comienzos de este siglo denunciaba crudamente las causas de la derrota en la Guerra del `79.

La verdad dolorosa --querramos o no reconocerla--  ha sido en estos años, como entonces lo fue, que en una condición extrema de anarquía y confusión quienes tomaron sobre sí la responsabilidad de restaurar el orden y levantar el país de entre sus ruinas, y quienes, en resumidas cuentas, representaron al Estado en esa lucha que algún día reconoceremos épica como la de la Breña, fueron justamente aquellos sectores marginales del campo --los ronderos-- o la ciudad --los informales y la clase media empobrecida-- que constituían los segmentos menos politizados en nuestra población. Esta fue una guerra del pueblo contra el pueblo, en uno y otro bando, y las bajas se contaron en los sectores populares y no en las filas de los poderosos. Y paradojicamente, quienes salvaron al Estado, no lo hicieron en nombre de un Estado que les resultaba tan ajeno y tan distante como a los senderistas, sino en la defensa de sus vidas, sus familias y sus pobres recursos económicos. De ahí, en buena parte,y no solo de la globalización, el justo juicio y la sentencia: el desprestigio y el descrédito que sufren hasta ahora los partidos, los políticos y las ideologías a los ojos de nuestros sectores populares. El verdadero referéndum se tuvo en el 90. Eso, para mí, está fuera de duda.

Paradoja. Por dos veces, en el curso del último siglo, el Estado --lease la colectividad de los peruanos-- ha respondido, ante una crisis, desde fuera del Estado --lease aquí las instituciones de gobierno, de administración y de gestión y los partidos en que se supone incorporado. Como en los tiempos del Politeama esta paradoja debió habernos llamado a reflexión. Más allá de los reduccionismos, los enconos y los enfrentamientos de una polarización de ideologías que pertenece ya a la historia hubiéramos reconocido, entonces, la razón de todos aquellos quienes desde aquel discurso memorable han venido señalando en este siglo las debilidades y las lacras de nuestro régimen político, económico, social y cultural. Identidad, justicia social y democracia electoral no son temas agotados en nuestra conciencia nacional, aunque puedan haber llegado a parecerlo en las conciencias fatigadas de algunos de los miembros de nuestra elite intelectual.

La grieta señalada por tantos pensadores de González Prada a Basadre sigue estando ahí entre los dos perúes, el oficial y el otro y no es solamente una grieta en la conciencia de la identidad, sino entre el pueblo y sus instituciones y las instituciones de gobierno. No solo una cuestión de identidad sino sobre todo una de identificación, o desidentificación más bien, entre las mayorías en las que radica la esencia del Estado y las minorías que administran y gestionan las instituciones de gobierno a las que insistimos en seguir llamando Estado. Es esa misma grieta por la que se abrieron paso la subversión y la anarquía y que nos estamos negando, una vez más, a reconocer y reparar.

De la última Constitución hubiéramos esperado una coyunturalidad menor y un mayor sentido de la permanencia y del futuro. Que no se hubiera tenido que prestar tan pronto a ser objeto de modificación apresurada como en el asunto de la reelección. Que no se hubiera aplicado simplemente a resolver la crisis inmediata sino a construir las bases de un Perú de todos para todos. Que no hubiera tenido, en resumidas cuentas, un carácter ni tan de compromiso ni tan provisional.

El históricamente excepcional voto de confianza -cheque en blanco en los hechos-- que desde 1990 la conciencia pública ha otorgado y renovado a la Presidencia Fujimori, pasando por encima las consignas de partidos y de grupos de poder, no ha sido retirado del todo hasta hoy. Pero el mandato implícito que justificó sta confianza ha sido cumplido apenas a medias. Reina otra vez la seguridad, es cierto, la infraestructura vuelve a funcionar y la economía parece algo más sana que en los tiempos de las hiperinflaciones. La atmósfera, nadie lo negará, se ha hecho un poco más respirable. Pero queda todavía por cumplirse otra tarea. La tarea de reconstruir y dotar de solidez al edificio en ruinas de la institucionalidad,  que sigue precariamente apuntalado.

Y, mientras tanto, parpadean otra vez las señales de peligro. No solamente los bombazos espaciados de un Sendero terco que levanta cabeza y vuelve a reclutar. Sino que, mucho más graves, los síntomas de un cansancio estructural que se transparenta detrás de los afeites neoliberales con que se ha querido embellecer apresuradamente el edificio ruinoso del Estado.

El Perú post-senderista tiene algo de nación virtual. Una aldea Potiomkin hecha de estadísticas y gráficos, hojas de cálculo y papel. Una nueva oficialidad de la economía, la finanza y la política se ha hecho cargo del relevo en nombre de un neoliberalismo que define como praxis pura y eficaz garantizada por las cifras. Pero la dependencia frente a los capitales extranjeros ha llegado a ser mayor que nunca y no resulta compensada por nuestra mayor presencia en los mercados. El servicio de la deuda sigue desangrando nuestra economía. Seguimos estando entre los países peor asalariados de este continente. La desocupación aumenta y la inestabilidad laboral la agrava. La inflación y la devaluación están de nuevo en marcha. La reducción del gasto social y la privatización indiscriminada elevan los costos de salud y educación poniendolos fuera del alcance del común y reduciendo su calidad a niveles que comprometen el futuro de la generación más joven.

La grieta de los dos perúes sigue abriéndose. La monoexportación está de vuelta y el agro sigue en ruinas. Pero la divisoria no está ya entre la ciudad y el campo, ni entre las clases medias y las trabajadoras. Enfrentamos una nueva pobreza y una nueva marginación predominantemente urbanas que se extienden a un sector creciente de las clases medias y profesionales. El compromiso de las mayorías con un desarrollo y una economía en las que su participación declina, se hace cada vez menor. Ante una prosperidad y un crecimiento que no puede sino percibir ajenos, la generación más joven rompe con la historia y nos responde con su propio pragmatismo cínico. La nueva oficialidad da muestras de una corrupción prematura.

Esto en lo que se refiere al patrimonio. La inestabilidad laboral y la desocupación tienen, por supuesto, su reflejo en la vida política. Tal como marchan las cosas, en este bravo nuevo mundo sin teoría, ni ideologías ni partidos, hay por el momento toda una generación de políticos e ideologos, a la fuerza jubilada, que guarda silencio para el público mientras musita para sí sus meas culpas. Mea culpa por la ingenuidad y la falta de realismo, por el utopismo y por el ideologismo, por la falta de sentido práctico. Pero resulta de temer que la generación que la sucede, si es honesta, termine por ofrecernos la reprise y en unos años más recite su propio mea culpa. Por el apresuramiento y por la irreflexión. Y por la falta del sentido común que es necesario para discernir, en los asuntos públicos, entre lo coyuntural y lo que está destinado a permanencia, entre lo instrumental y lo esencial y entre lo sustantivo y lo accesorio.

Hace unos días Camdessus, el del Fondo Monetario, hizo algunas declaraciones sorprendentes. Pedía un poco más de moderación en el asunto de la deuda. El Club de París ha reconocido casi inmediatamente, de su parte, la gravedad que revisten internacionalmente las elevadas tasas de desocupación y la necesidad urgente de aliviar hasta en un 80 por ciento las presiones que se ejerce sobre los países más desfavorecidos. Camdessus ha dicho que eso es insuficiente y que habría que llegar hasta un 90.  Sostenía que en los procesos de liberalización algunos tercermundistas nos hemos ido de la mano y perdido el equilibrio.

¿Hemos abolido verdaderamente las ideologías?. ¿O estamos siendo víctimas de las ilusiones que proyecta una nueva ideología más perniciosa que las otras?. ¿Es el neoliberalismo un liberalismo verdadero?. ¿No estaremos confundiendo el liberalismo con un darwinismo inmoderado?. ¿O con el derecho del más fuerte y el más inescrupuloso?. Pero la ideología es necesaria. Aunque sea unicamente como una simplificación de las grandes teorías para el uso de masas. La utopía sigue siendo el plano regulador de la política. Y no se ha demostrado hasta el momento que la utopía de la república justa sea o no realizable.

Economía y Sociedad. ¿Son dinámicas independientes entre sí las de la democracia y el mercado libre?. ¿Es posible que haya verdaderamente iniciativa, participación y libertad en el trabajo, la producción, la propiedad y los mercados si no viene acompañada por igual iniciativa, participación y libertad en la política y en todos los aspectos de la vida ciudadana?. Los más clásicos utopistas liberales concuerdan en una respuesta negativa. En el Estado, concebido como totalización de la vida colectiva, hay una necesaria circularidad de relaciones entre la economía y la política.

Mercado libre y democracia --electoral o no-- no son sino expresiones del ejercicio colectivo de las libertades económicas y cívicas que disfruta el individuo. Pero es libre solamente aquel a quien la necesidad no obliga a enajenar su libertad y a esclavizarse al juicio, la sentencia y el mandato del rico. Y solo puede ejercer su libertad sin perderla aquel cuyo criterio está educado e informado. Haya o no transparencia electoral cuanto más concentrada esté la riqueza, más pronunciadas sean las diferencias económicas entre pobres y ricos, mayor la proporción de marginados de la propiedad y del ahorro y más restringidos los accesos a la educación y cultura más lejos estaremos del ideal de democracia.  Cuando la libertad de la empresa desborda por sobre las libertades de las mayorías ciudadanas el régimen pasa a llamarse plutocracia y, en casos, aun cleptocracia como quiso Stanislas Andrewsky, otro discípulo de Spencer.¿Que suena ésto a marxismo?. Carlos Marx, después de todo, no ha sido sino el más radical de entre todos los utopistas liberales.

¿Queremos un estado liberal y democrático?. Tal vez. Sólo que el liberalismo también tiene sus reglas y se asienta en una ética. La de la verdadera libertad, que es fundamento de responsabilidad social y de confianza mútua como lo reconoció al final Fukuyama. Y la libre competencia para que sea verdaderamente libre requiere del fair play. Tanto entre los estados como en el interior de los estados. Y éste de una cancha demarcada, reglas del juego, un árbitro imparcial y agentes económicos debidamente organizados sean éstos las empresas que compiten entre sí como las fuerzas del capital y del trabajo, del comercio y del consumo que también compiten y sobre todo donde reina el libre juego. Requiere de institucionalidad. Y de Estado.

Donde la cancha no se encuentra demarcada, los jugadores se desplazan a su antojo, las reglas del juego son confusas y el árbitro resulta arbitrario, Hobbes  --otro teórico del liberalismo-- no pudo ver la libertad de una legítima libre competencia sino una guerra de todos contra todos en la que los débiles llevan, por necesidad, las de perder. La sociedad, al constituirse en Estado debe crear las condiciones para que la guerra se transforme en una competencia deportiva. La institucionalización apunta a ese objetivo. Y èsta no consiste en un mero administrar reglamentando y generando burocracia. Sino en consolidar y promover instituciones. Sin ellas el pueblo es solamente masa. La masa no es sociedad organizada, así como los montones de ladrillos no son casas. Y si a pesar de la constitucionalidad la confusión persiste, lo único que la democracia constituye es su propia debilidad frente al poder constituído. Donde la democracia no se apoya en instituciones sólidas pasa a llamarse demagogia y la demagogia --es bien sabido-- deviene por necesidad en tiranía que termina por sofocar las libertades. También las económicas.

La empresa, la competencia y el mercado no son nunca verdaderamente libres sino cuando sus libertades se asientan firmemente en todas las otras libertades. La plena participación del individuo, la familia y las instituciones en el patrimonio colectivo y su gestión es el fundamento material de las libertades ciudadanas. Sus condiciones son la democracia y la consensualidad de la gestión. Y como Fukuyama, el liberal, sostiene, para que los negocios prosperen de verdad es necesario que haya algo que no esté dentro de la esfera del negocio. No existe un verdadero pragmatismo que no contenga una buena dosis de idealismo. ¿Es que podemos honestamente concebir la democracia donde las mayorías estén privadas de alimento, de vivienda, de información o educación o de atención a la salud? ¿Las libertades donde la estabilidad del trabajo, la duración de la jornada y el salario dependen del arbitrio caprichoso del empleador? ¿O el desarrollo donde se especula con el precio del acceso a la energía, el combustible o los medios de transporte y de comunicación?. La educación pública, gratuita y obligatoria y el subsidio directo o indirecto en el acceso a los recursos básicos no fueron un invento de los bolcheviques sino de las sociedades liberales en su voluntad de consolidar la democracia. En el plano institucional, la preservación del equilibrio entre la empresa y el hogar y entre las fuerzas del capital y del trabajo resulta central al desarrollo. Camdessus tiene razón. El neoliberalismo y la privatización tropiezan con sus límites ahí donde el exceso termina por minar sus bases.

La democracia exige estabilidad y solidez no solo de las instituciones económicas sino, también y sobre todo, de las instituciones que organizan su consenso: familia, partidos, sindicatos...Y eso lo hace en una forma tanto o más imperativa que cuando las exige de la empresa o de la banca. Democracia y desarrollo, por eso, tienen costo. La aplicación de una porción cada vez mayor del patrimonio colectivo a sustentar las libertades, a alimentar la racionalidad inteligente e informada de la opción y el juicio público, a reforzar y promover la propiedad y el ahorro individual y familiar, a la facilitación y promoción de iniciativas, también las económicas, incluso a su subsidio y protección como medio necesario para preservar los equilibrios y evitar las exclusiones. La inversión social no debe comprenderse como una graciosa concesión de las instituciones de gobierno a los menesterosos sino como una parte sustantiva de la atención y los cuidados con que la sociedad se fortalece a través de los organismos del Estado. Cuando en nombre del crecimiento y desarrollo transferimos la carga de esos costos a los mismos que deberían ser beneficiados estamos cayendo en una forma de autofagia.

Si la Segunda República Peruana fue liberal alguna vez es un asunto debatible que habrán de resolver los historiadores del futuro. Para nosotros que la sobrevivimos importa más reconocer que seguimos habitando entre sus ruinas. Cuando a la cruda luz que arroja la utopía --liberal o no-- sometemos la Constitución del 1993 al escrutinio se nos impone la evidencia de que no constituyó gran cosa. Fue, en el sentido más banal de la palabra, una Constitución Pragmática. Sin utopía ni ideal. Sin proyección de patria ni Estado ni futuro. Inmediatistamente funcional y destinada a proveer lo necesario para estabilizar la tierra que temblaba todavía y proceder a una primera remoción de los escombros. Desmantelar las últimas rigideces de un sistema al que la falta del sentido común --y no del práctico-- la retórica vacía y los intereses de una minoría habían terminado por hacer infuncional. Destinada --en resumidas cuentas-- no a legitimar la reconstrucción del viejo régimen ni a orientar la  construcción de un nuevo régimen que lo substituyera sino a facilitar una deconstrucción tan indolora como la crítica situación lo permitiera. Para eso se hizo necesario buscar conciliaciones en un caos de intereses, opiniones, inexperiencias, automatismos e ingenuidades. Y ello explica el por qué de las ambigüedades y dobles lecturas que la plagan casi en cada artículo y que --pasada la urgencia de la crisis-- la convierten en un fácil instrumento para la arbitrariedad de la oposición y del gobierno..

Avanzado ya en tres años el proceso de la deconstrucción no es hoy mucho el Estado que nos queda ni es gran cosa lo que se haya entretanto construído para llenar ese vacío que dejan los escombros. Una reforma del estado, ahora, tendría apenas poco más que reformar que el aparato de gobierno con su administración y burocracia. En el vacío institucional, en tanto, el desequibrio de poderes, el desconcierto de las fuerzas públicas y el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras siguen gravitando amenazantes y ponen en peligro la precaria paz social recien recuperada.  La seriedad de la tarea trasciende la dimensión política del chisme y de la intriga palaciegas y del panel televisivo. Definitivamente, lo que la historia reclama de nosotros es la construcción de los cimientos de la Tercera República Peruana. No una reforma solamente, sino la renovación misma del contrato o pacto originario que constituye la colectividad peruana en su capacidad para dotarse a sí misma de una Constitución. No es el momento de mostrarse apresurados. Es un momento, más bien, de recogimiento y reflexión. Y de diálogo sereno. Tiempo queda  todavía y pan que rebanar hasta el 2000.

Lima, 1996